Estás en el centro de Tarragona, llegas justo a tiempo para una cita, aparcas en zona azul, pagas el ticket desde la app o el parquímetro, y te marchas tranquilo. Pero al volver, ves una multa de 60 euros en el parabrisas. Revisas todo: has pagado, has cumplido el horario… hasta que descubres el “fallo”: en lugar de poner T-1234-BC, escribiste B-1234-BC.
El pago fue registrado, pero asociado a una matrícula inexistente. La máquina cobró igual. Sin embargo, para la empresa encargada del servicio, Aparcaments Municipals de Tarragona (AMT), no hay matices: si la matrícula no coincide al 100%, es como si no hubieras pagado nada.
Recurso o chantaje
Este caso, como tantos otros, llegó a mi buzón. El afectado quiso presentar alegaciones, aportando el comprobante de pago, la hora exacta, y demostrando que no había ningún otro coche con una matrícula similar en esa franja horaria. El sistema claramente podía deducir que fue un error tipográfico. Pero la respuesta de AMT fue automática: recurso denegado.
Le ofrecían, eso sí, el “descuento por pronto pago”: si abonaba antes de 15 días, se reducía la multa a 30 euros. Pero si decidía seguir adelante con la apelación, podía perder y acabar pagando los 60 euros íntegros.
Lo que en teoría es un proceso de reclamación, en la práctica se convierte en un dilema: ¿pagas 30 euros por algo que ya pagaste correctamente, o te arriesgas a pagar el doble por defenderte?
Este sistema, habitual en muchas ciudades, no busca justicia: busca disuadir. Poca gente está dispuesta a pelear por 30 euros, aunque la sanción sea injusta.
Cifras opacas
Pedí a AMT y al Ayuntamiento de Tarragona datos concretos:
-
¿Cuántas sanciones se han impuesto en los últimos 12 meses por errores tipográficos en la matrícula?
-
¿Cuántos recursos por este motivo se han presentado y cuántos han sido estimados?
-
¿Qué control hay sobre los errores del sistema o de los operarios?
No recibí respuesta oficial. Pero una fuente interna de la empresa me confirmó que este tipo de errores representan más del 20% de los recursos presentados por ciudadanos en zona azul, y que “casi nunca se estiman, salvo presión mediática o política”.
De hecho, solo cuando me puse en contacto en nombre del afectado, la empresa revisó el caso y canceló la multa alegando ‘motivos excepcionales’. Ninguna disculpa, ninguna revisión del sistema, ningún cambio en el protocolo.
¿Dónde está el sentido común?
Nadie discute que aparcar en zonas reguladas debe tener un coste. El problema llega cuando el sistema está diseñado no para gestionar el espacio, sino para maximizar ingresos a base de errores humanos menores.
En muchos países europeos, si el sistema detecta un pago con una matrícula similar (por ejemplo, un solo carácter distinto), se abre automáticamente una verificación manual. Incluso algunas ciudades españolas ya incluyen inteligencia artificial que permite corregir automáticamente errores de digitación si el resto de datos coinciden.
En Tarragona, en cambio, se castiga al ciudadano por no teclear perfectamente una matrícula, aunque haya pagado puntualmente. Y todo esto mientras el sistema de sanciones funciona de forma rápida, automatizada y sin piedad. ¿Y los recursos? Manuales, lentos y desmotivadores.
Una reforma urgente
Tarragona ha prometido en varias ocasiones revisar el sistema de movilidad y modernizar su red de aparcamientos. Pero mientras tanto, seguimos con un modelo que recauda sin criterio y multa sin humanidad.
Lo mínimo exigible sería:
-
Un sistema que detecte errores tipográficos evidentes y active revisión manual.
-
Transparencia en las cifras de sanciones, recursos y motivos más frecuentes.
-
Un canal de atención ciudadana efectivo que no obligue a recurrir a la prensa para obtener justicia.
Mientras tanto, recuerda: si pagas el ticket, revisa dos veces tu matrícula. Porque en Tarragona, una letra mal escrita cuesta 60 euros. Y reclamar... puede salirte más caro aún.